El Ministerio Público logró demostrar en su investigación que, presuntamente la mandataria no calificó adecuadamente a la firma, Consorcio Vías Ricaurte CJ 2022 uno de los proponentes, que se vio afectado al momento de la evaluación por no calificar el certificado de existencia y representación legal como empresa nacional aportado por este consorcio; indicando que con la validación de los puntos desconocidos, les hubiese sido adjudicado el contrato de interventoría de obras de vía en el municipio.

El comité evaluador realizó algunas recomendaciones que no fueron acogidas por la mandataria local, a pesar de ser evidente que se trató de un asunto de mera forma, permitiendo que la ordenadora del gasto definiera hipotéticamente el proceso selectivo, en detrimento injustificado de la firma sin que en verdad concurriera una causa para ello.

La Procuraduría provincial de Instrucción de Girardot calificó provisionalmente como una falta grave, a título de culpa.